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En nuestra demanda destacamos que la aprobación definitiva
del proyecto se produjo en julio de 2006, ocho meses antes
de contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental
(DIA), dictada en marzo de 2007. Además, la resolución de
aprobación pretendía que fuera el proyecto de construcción
el que asumiera las determinaciones de la DIA.
Es decir, primero se aprueba el proyecto básico, luego la
declaración de impacto ambiental, y luego la adjudicataria
de las obras introduce en el proyecto de construcción las
modificaciones que pudiera imponer la DIA. Todo un fraude al
procedimiento administrativo, en el que hasta que la DIA no
se aprueba no puede aprobarse definitivamente el proyecto
que se somete a evaluación de impacto ambiental, un proyecto
que precisamente se adapta a las determinaciones de la DIA
en la aprobación definitiva del proyecto básico, nunca en la
redacción del posterior proyecto de construcción.
El TSJ estima nuestro recurso precisamente por esa
irregularidad en el procedimiento, poniendo además en
cuestión el proceso de evaluación de impacto ambiental
llevado a cabo por la Consellería de Medio Ambiente al
haberse analizado únicamente el impacto ambiental de una de
las tres alternativas de trazado (la elegida por la
Consellería, precisamente la que mayor impacto causa al
territorio), cuando debería haberse evaluado el impacto
ambiental de todas ellas para poder dictarse con propiedad
la declaración de impacto ambiental. Por todo ello el TSJ
declara en su sentencia la nulidad absoluta del proyecto
aprobado, emplazando a la Generalitat a que, si sigue
considerando de interés público aprobar este proyecto, se
reinicie el expediente y se proceda a la tramitación
completa del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Desde LA VEGA BAJA NO SE VENDE valoramos muy positivamente
esta sentencia y pedimos a la Consellería de
Infraestructuras que aproveche este momento para abrir, sin
ningún tipo de hipotecas, un proceso de participación
ciudadana en la comarca que defina su planificación en
materia de movilidad, de modo que la actual vorágine de
proyectos viarios (CV-95, CV-91, AP-37) se reconduzca hacia
propuestas mas racionales, sostenibles y consensuadas
socialmente. Desde LA VEGA BAJA NO SE VENDE, que ha alegado a todos y
cada uno de esos proyectos viarios, reiteramos las
propuestas que ya expusimos en las alegaciones que en 2005 y
2006 presentamos a los proyectos de las autovías de nuevo
trazado CV-95 y CV-91: desdoblamiento de las carreteras
actuales donde sea posible y variantes donde no exista esa
posibilidad, liberación de peaje de la autopista AP-7
Alicante-Cartagena, y apuesta por el transporte público y
ecológico mediante plataformas de transporte público
(tranvía, autobús con guiado óptico,..) y carriles bici",
concluye el comunicado de la coordinadora La Vega Baja no se
vende". |
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