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España / Ministerio Vivienda destaca reforma del Código Penal que aumentará protección de víctimas de acoso inmobiliario

Bajo Segura (Alicante) - 4 diciembre 2009 - Bajo Segura Noticias - La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, puso esta semana (el día 1) en valor la regulación penal específica del acoso inmobiliario que contempla la reforma del Código Penal porque 'aumentará la protección de las víctimas del acoso, pero, al mismo tiempo avanza en otro de los objetivos del Gobierno: la lucha contra la especulación inmobiliaria'.

 

Así, el pasado martes 1 diciembre, Beatriz Corredor resumió las medidas que está adoptando el Ministerio de Vivienda contra la especulación y la corrupción urbanística: "la desincentivamos con la Ley del Suelo, la dificultamos con el Sistema de Información Urbana, la perseguimos cuando se mezcla con la corrupción y ahora, además, la castigamos cuando hay acoso".
 

"Graves e inaceptables" los casos de acoso inmobiliario
La ministra de Vivienda, que considera "graves e inaceptables" los casos de acoso inmobiliario, ha dicho que con esta reforma penal "queremos evitar que la especulación vuelva nunca a forzar a nadie a salir de su hogar". "Se trata de ataques y abusos a través de conductas éticamente rechazables y, ahora, penalmente condenables".

 

Corredor explicó que la reforma propuesta en el Código Penal contempla pena de prisión entre 6 meses y 2 años en la regulación específica de este fenómeno, que se incluye como tipo especial punible dentro del grupo de delitos contra la integridad moral como aquél que de forma reiterada lleva a cabo actos hostiles o humillantes con el objeto de impedir el disfrute efectivo de una vivienda.

Colectivos vulnerables al acoso inmobiliario
La titular de Vivienda ha recordado que ha existía una línea jurisprudencial en la que, a través de varias sentencias, se ponía de manifiesto la necesidad de una regulación penal del acoso inmobiliario. Se trata, por tanto, ha dicho, "de tipificar mejor las conductas abusivas y los ataques encaminados a obligar a cualquier ciudadano a abandonar su hogar con el objeto de alcanzar objetivos especuladores".

Un acoso, el inmobiliario, que es especialmente patente, dice Corredor, en las relaciones arrendaticias, "sobre todo cuando los inquilinos son personas especialmente vulnerables, como sucede con los mayores que son titulares de contratos de renta antigua. Son inquilinos que llevan toda su vida en la misma vivienda y que se enfrentan a la avaricia despiadada de algunos especuladores que no tienen escrúpulos en arrojar de sus hogares a personas muchas veces indefensas física, social, jurídica y económicamente".

Pregunta sobre la Sociedad Pública de Alquiler
Corredor afirmó, el pasado 1 de diciembre, que la Sociedad Pública de Alquiler "a fecha de hoy se encuentra en equilibrio patrimonial, es económica viable y socialmente necesaria".

También ha señalado que "la política social de vivienda, por definición, no es un negocio". Pero, ha añadido, "en el Ministerio estamos para gestionar eficientemente los recursos de los ciudadanos". En este sentido, la ministra ha enumerado los logros de gestión de la SPA que ha reducido al 9,6% el coste de su estructura (que era del 44% cuando se creó), que ha bajado la morosidad de los contratos al 0,3% y que ha encontrado inquilino a casi el 74% de las 15.744 viviendas que ha gestionado hasta la fecha.

En todo caso, señalaba la ministra, "la SPA no le cuesta a los ciudadanos ni un euro de los Presupuestos Generales del Estado, ya que las aportaciones las realiza su accionista mayoritario, SEPES". Ya son 180 los promotores que han ofrecido a esta agencia pública sus viviendas libres sin vender para que las ponga en alquiler. Así, la SPA está evaluando un total de 24.420 viviendas procedentes del stock.

 

"El parque actual de viviendas desocupadas es un terrible despilfarro en términos sociales y económicos", ha dicho Corredor, "y en este sentido, la colaboración de la SPA es esencial. Así lo han entendido los 180 promotores que en los últimos 20 días han solicitado para ello los servicios de esta sociedad pública".

 

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