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Comunitat / Desarticulada una organización que
ofrecía tarjetas de residencia a extranjeros
mediante “matrimonios blancos”
* La
Policía Nacional ha detenido a 13 personas en
Valencia y Tarragona |
Bajo Segura (Alicante) - 18 abril 2008 - Bajo Segura
Noticias - Agentes de la Policía Nacional han
desarticulado una organización que, presuntamente, se
dedicaba a conseguir tarjetas de residencia comunitarias a
ciudadanos extranjeros gestionando matrimonios de
conveniencia. En otras ocasiones, estafaban a inmigrantes a
quienes prometían conseguir sus documentos por el
procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las
solicitudes. En la operación han sido detenidas trece
personas, 10 en Valencia (Comunitat Valenciana), y 3 en
Tarragona, por delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, falsedad documental y estafa.
Para llevar a cabo sus actividades contaban con dos oficinas
en Valencia donde archivaban la documentación de los
extranjeros y de las que no daban señas para no ser
localizados. Por las gestiones cobraban cantidades que iban
desde los 4.000 euros por tramitar la residencia hasta los
más de 12.000 por gestionar un matrimonio civil. Es estima
que el número de ciudadanos extranjeros estafados puede
llegar a mil.
La operación ha sido realizada por la Brigada Central contra
las Redes de Inmigración de la Comisaría General de
Extranjería y Documentación, en colaboración con agentes de
la UCRIF de Valencia y de la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación de Zaragoza.
Desarrollo de la operación
La investigación se inició en Madrid a mediados de diciembre
del pasado año al tener conocimiento de la existencia de un
grupo, formado por ciudadanos españoles, que se dedicaba a
tramitar documentación de extranjeros de forma fraudulenta.
Los agentes pudieron determinar que el centro de actividades
de la organización era Valencia, así como que el responsable
del grupo contaba con varios colaboradores a través de
quienes gestionaba los papeles con los extranjeros. Además,
adoptaba enormes medidas de seguridad, evitando aportar
datos de sus oficinas a las víctimas, valiéndose de
intermediarios para conseguir sus objetivos y empleando más
de seis teléfonos móviles.
Las funciones de sus colaboradores eran citarse con los
extranjeros para entregar y recibir personalmente la
documentación y el dinero, y presentarlos ante diferentes
ayuntamientos para conseguir los certificados de
empadronamiento. También les trasladaban a los juzgados y
ayuntamientos para llevar a cabo las bodas y, además,
realizaban labores de administrativos en la “pseudo-gestoría”.
Los investigadores pudieron determinar que el principal
responsable del grupo no tenía nada a su nombre, y las
cuentas bancarias donde los extranjeros ingresaban las
cantidades que les solicitaban estaban a nombre de sus
colaboradores.
Matrimonios blancos
El trabajo más habitual que realizaban era organizar
matrimonios “blancos”, para lo que concertaban enlaces
civiles entre españoles y extranjeros. La finalidad era
conseguir para el extranjero una tarjeta de familiar de
residente comunitario.
En estos casos los honorarios percibidos por la organización
oscilaban entre 7.500 y 14.000 euros. Posteriormente se
repartía entre los “figurantes” del acto. Así, el ciudadano
español que se prestaba para el acontecimiento podía cobrar
entre 2.000 y 4.000 euros, los testigos que acudían al
evento también recibían unos 300 euros y los recaderos o
mensajeros cobraban 60 euros. Las personas que estaban
empadronadas en localidades donde se iba a celebrar el
matrimonio cobraban otros 200 euros por empadronar en su
domicilio a alguno de los contrayentes.
Tras localizar a los españoles que querían contraer
matrimonio, y una vez que tenían formada la pareja, les
instruían para que no hubiera ningún error y pudieran
superar el expediente previo. Para ello, el responsable del
grupo les facilitaba un dossier con numerosas preguntas para
que los contrayentes conocieran las respuestas que debían
contestar. Entre las preguntas figuran algunas como “¿Dónde
pasaron las ultimas navidades? ¿Dónde viven los padres de
ella? ¿El último y el primer regalo realizado por ambos? ¿Si
tiene su pareja algún tatuaje o cicatriz?”.
Otra de las gestiones que tenían que hacer con los
contrayentes era acompañarles al juzgado en cuestión para
presentar la solicitud de matrimonio y facilitarles los
testigos necesarios para que manifestaran que no incurren en
prohibición alguna. También les recordaban que debían ir
bien vestidos y que no se olvidaran de los anillos, así como
que éstos fueran de su talla.
Una vez unidos en matrimonio en el juzgado se dirigían
inmediatamente a un notario para hacer una declaración de
separación de bienes y posteriormente tramitaban la tarjeta
de residencia para el extranjero aportando el libro de
familia conseguido gracias al vínculo matrimonial.
Divorcio a los dos años
La segunda parte consistía en la tramitación del divorcio,
al año o a los dos años de contraer el matrimonio, por lo
que les cobraban otras tarifas diferentes que no estaban
incluidas en el concepto anterior.
Además, les informaban de que debían de “reconvertir” las
tarjetas de Régimen Comunitario al Régimen General, con las
que podrían permanecer legales durante tres años, luego
conseguir la permanente, y finalmente optar a la
nacionalidad.
Una vez tramitado el divorcio, mantenían contactos con el
extranjero con la única finalidad de conseguir de éste aún
más dinero. En la situación de divorciado, le convencían de
que para seguir estando en situación legal necesitaba
disponer de un contrato de trabajo indefinido y estar dado
de alta en la Seguridad Social.
Como lo habitual era que los extranjeros no tuvieran
posibilidad de conseguir un contrato indefinido, el
responsable de la organización desarticulada les ofrecía
dicho contrato y el alta en la Seguridad Social. Los costes
por ello eran de 1.200 euros por el contrato y 250 más cada
mes por estar dado de alta en la Seguridad Social.
Para ello disponía de varias empresas a nombres de algunos
de sus colaboradores donde mantenía dados de alta a los
ciudadanos extranjeros, si bien, no realizaban ninguna
actividad laboral. Además estas empresas tienen elevadas
deudas con la Seguridad Social.
Trámites que no realizaban
En otras ocasiones prometían conseguir documentos a
ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación
irregular y que les valdrían para poder regularizar su
situación. Como norma general, se lo ofrecían a quienes
llevaban en dicha situación más de tres años en nuestro
país, convenciéndoles para tramitar su residencia por
arraigo.
Una vez pactada la tramitación de los documentos, el
extranjero tenía que abonar 4.000 euros y, a pesar de que la
mayoría de ellos contaban con los requisitos necesarios para
poder optar a una residencia por motivos de arraigo, en
muchos casos ni siquiera llegaban a presentar las
solicitudes ante los organismos oficiales.
Después, al darse cuenta las víctimas de que no obtenían la
documentación, intentaban localizar a alguno de los miembros
del grupo para pedirles explicaciones y para decirles que si
no iban a conseguir los documentos tendrían que devolverles
el dinero. Poco podían hacer ya que ya que desconocían donde
tenían las oficinas y habían mantenido únicamente contactos
telefónicos o mediante mensajeros o correos en diferentes
puntos de la ciudad.
Registros
Se han realizado dos registros en las oficinas que tenían en
la ciudad de Valencia en donde se ha intervenido numerosa
documentación referente a la tramitación de las tarjetas de
residencia, expedientes físicos, catorce teléfonos móviles,
seis ordenadores con abundante información, discos duros y
demás material informático.
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